El Vaticano y las Saterdotisas

Según se puede leer aquí o aquí, la Congregación para la doctrina de la Fe (más conocido como la Inquisición, ésa misma institución que antiguamente se encargaba de quemar vivas a personas que afirmaban que disponíamos de sistema circulatorio, por ejemplo) ha publicado este jueves en l'Osservatore Romano (su diario oficial) el Real Decreto sobre el delito de ordenación sagrada de una mujer. En resumen, lo que dicta este documento es que, tanto la mujer que es ordenada sacerdote como quien confiere la orden serán excomulgados latae sententiae (de modo automático). Parece que, como siempre, la Iglesia y el Vaticano promulgan la igualdad entre todos los hijos de Dios (nótese, evidentemente, un doble tono irónico).

Así, por lo que parece, la "Iglesia Universal" vuelve a poner al día su lado más misógino y machista. Según esta sociedad, todos somos hijos de Dios y, por tanto, hermanos e iguales... bueno, todos excepto los celiáticos, las parejas que usan preservativo, los homosexuales,... y ahora (como siempre) las mujeres. Por lo que parece a esa institución le interesa mucho que los hombres puedan obtener cargos de importancia y vayan ascendiendo en la pirámide jerárquica, mientras las mujeres se quedan en la base de la pirámide, como mano de obra y sin ningún tipo de posibilidad de ascender a cargos mejores.

Y realmente, ¿Cómo se puede explicar este hecho, que va en contra del decimotercer artículo de la Constitución, de manera lógica? (desisto directamente de una explicación racional). Muchos podrían alegar las palabras "textuales" que se hallan en la Biblia, pero es bien sabido que estos textos se escribieron de segunda mano y han sido muchas veces tergiversados, ocultados o modificados para acomodarse a los intereses de turno. Si realmente el mayor mandamiento de todos es "amarnos como Jesús nos amó", es evidente que la Iglesia es cualquier cosa menos su representante.

Para finalizar, unas cuantas de esas citas que dan un puesto importante a la iglesia a la hora de ganarse el podio del machismo:

La mujer aprenderá en silencio, con toda sumisión. No le permito enseñar a la mujer, ni que domine al marido, sino que permanezca en silencio. - Primera carta a Timoteo, 2:11-12.

Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y no fue engañado Adán, sino que la mujer, seducida, incurrió en la transgresión; sin embargo, se salvará engendrando hijos , si con modestia permanente en fe y amor y santidad. - Primera carta a Timoteo, 2:13-15

Vuestras mujeres se callarán en las reuniones, porque no les está permitido hablar, sino que estarán sujetadas tal y como dice la Ley: Tu voluntad será sujeta a tu marido, a él obedecerás. Y si quieren aprender alguna cosa, preguntarán en casa a sus maridos, porque es una cosa deshonesta que hablen las mujeres en la congregación. - Primera carta de Pablo a los Corintios, 14: 34-35.

Después de esto me gustaría preguntar a las lectoras de este post: ¿Querrían formar parte de un club que no las admitieran como socias?

El Tratado Europeo de Lisboa

El otro día llegó a mi buzón un panfletillo acerca del Tratado de Lisboa. Me resultó curioso el hecho de que hasta ese momento no hubiera oído hablar de él y me puse a indagar. Por lo que parece, se trata de un tratado mediante el cual la Unión Europea pretende alcanzar el objetivo que no consiguió con la fallida Constitución Europea, usando otras vías entre las cuales se encuentra la de no consultar esta vez a los ciudadanos. Así pues, el texto se ratificará directamente por el Parlamento, siendo Irlanda el único país en el que existirá un referéndum.

Del mismo modo que la Constitución Europea trataba de aunar diferentes documentos (el Tratado de la Unión Europea, de Maastricht, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, de Roma y la Carta de los Derechos Fundamentales) en un solo texto, el Tratado de Lisboa no consiste en un texto formal en sí mismo, sino en una serie de arreglos y apaños a los mencionados tratados. Así pues, lo que nos encontraríamos al final del camino sería un texto "remendado", más semejante a cierto sistema operativo con miles de actualizaciones, Service Packs y parches de seguridad necesarios para garantizar un funcionamiento más o menos aceptable.

Pues no, señor. Después de haber dicho que no a la Constitución Europea (con la que tanto el gobierno como la oposición nos dieron tanto la paliza en su momento, ensalzando maravillas inexistentes y haciéndonos creer que un voto negativo nos haría caer en el ridículo y ser el hazmerreir ante Europa), ¿vamos a aceptar esta chapucera solución que no es capaz de hallar otras alternativas más creativas que juntar tres papeles ya existentes, hacer un poco de copypaste y tachar y reescribir unos cuantos párrafos, hasta rellenar unas 250 páginas?

Ésa no es, para nada, la manera en que los gobiernos deberían actuar. En vez de obviar la participación ciudadana (al fin y al cabo, un referéndum no es más que un "te pido opinión para quedar bien y luego hago lo que me da la gana"), deberían plantearse, de vez en cuando, ofrecer al pueblo la oportunidad real de defender sus intereses. Así, si el proyecto de la Constitución Europea fue rechazado, lo que cabría plantearse sería por qué. ¿Acaso no sería más interesante comenzar un debate con el pueblo y modificar, arreglar y mejorar aquellos apartados con los que no se estuviera de acuerdo, donde incluso unos pocos votos negativos pero fuertemente argumentados fueran estudiados, hasta llegar a una versión definitiva con la que toda Europa estuviera de acuerdo?

Aunque claro, ahora que lo pienso... ¿cuándo nos ha pedido el gobierno opinión para algo realmente importante y luego la ha tenido en cuenta? Espero realmente, sin embargo (aunque sé que soy demasiado optimista), que el gobierno se replantee la situación con respecto al Tratado de Lisboa y nos dé algún tipo de voto de confianza a los ciudadanos. De otro modo nos encontraremos con un serie de Tratados que, sin comerlo ni beberlo, formarán parte de Europa antes de que nos demos cuenta de lo que está sucediendo. Será la Europa de los políticos, no la de los verdaderos europeos: los ciudadanos.

Vivencias: Traducciones Oficiales

Mientras escribía anteriormente acerca de todo el vaivén al que nos veíamos sometidos a la hora de presentar documentos oficiales me vino a la memoria una situación que me sucedió personalmente. Se trata, una vez más, de un caso de profunda incompetencia de los sistemas administrativos o -quién sabe- de un pacto o acuerdo secreto entre ellos. Como ya saben mis lectores (y si no es así, siempre pueden echar un vistazo a mi perfil), actualmente resido en Irlanda. Por supuesto, para llegar aquí y poder trabajar donde actualmente lo hago, tuve que presentar una serie de credenciales y documentos oficiales, entre los que constaban los títulos y suplementos proporcionados por la Universidad donde obtuve mis estudios. Como es lógico, aquí deseaban una traducción acreditada de los documentos.

Pues bien, aquí es donde estriba el asunto. Lo primero que pensé es que podría traducir yo mismo los textos y acudir a la Universidad para que acreditara que la traducción era correcta. En principio no debería haber problema ya que, en lo que al texto respecta, el vocablo era casi siempre muy similar a su traducción (en algunos casos no había diferencia alguna o ésta se encontraba sencillamente en un acento). Lamentablemente, como comprobé, este procedimiento no era válido y se necesitaba como intermediario un traductor oficial. El segundo paso, por tanto, era buscar al profesional adecuado. Una sencilla búsqueda por Internet me puso al corriente tanto de la disponibilidad de éstos como de las tarifas -casi telegráficas: cobrando una cantidad nada desdeñable por palabra- que gastan. Asumido el hecho de que realmente lo necesitaba, consulté con uno de los profesionales, el cual me indicó que no podía realizar su trabajo porque... ¡el documento oficial estaba escrito de forma mixta en los dos idiomas co-oficiales de la Universidad!

Efectivamente, un vistazo rápido confirmaba este hecho: en su afán por promocionar el bilingüismo de la forma más estúpida posible, el documento -repito, oficial- mezclaba a diestro y siniestro ambos idiomas; es decir: no ofrecía dos versiones claramente diferenciadas del texto, una en cada idioma, sino que en un mismo paquete podía encontrarme cada párrafo en un idioma diferente. El primer pensamiento que me vino a la cabeza era interrogarme acerca de cómo era posible que una entidad oficial pudiera hacer una chapuza de semejante calibre. Pues sí, así es como estaban las cosas. Me quedaban, por tanto, dos soluciones: una de ellas era buscar un traductor especializado en tres idiomas (las dos lenguas co-oficiales y el inglés) que, por supuesto, cobraría doble por traducir desde dos idiomas diferentes. La otra opción posible era solicitar a la propia Universidad el documento original en la lengua de Shakespeare, para lo cual -me informaron- debía devolver el certificado que se hallaba en mi poder, pagar las tasas adecuadas y esperar a que se obtuviera la nueva versión. Realmente no sabía qué opción era peor, más estúpida o ineficaz.

Para quien esté interesado, la solución vino mediante una tercera vía: comenté mi situación en la administración irlandesa y, dado que los vocablos usados en el documento -por lo menos, en lo que contaba a lo importante- eran fácilmente comprensibles (como ya he dicho, la diferencia entre ambos idiomas era mínima), finalmente aceptaron la traducción que yo mismo había efectuado, adjuntando, claro está, una copia compulsada del original. La moraleja que se puede obtener de todo esto es que la administración española parece ser muchas veces capaz de hacer lo indecible para complicar las cosas -a veces, hasta de forma multilingüe- de modo innecesario.

Compulsas

Cuando en la última entrada hablaba acerca de la posibilidad del gobierno de conocer efectivamente acerca de nuestras transacciones y movimientos, me quedó un sabor agridulce, una sensación de que me dejaba algo que, aún no estando relacionado directamente con el tema en cuestión, al mismo tiempo presentaba una clara conexión. Hablé en su momento de lo singular que resulta entregar al gobierno datos que, en definitiva, él ya tiene. Pero, ¿qué sucede cuando lo que nos pide no son sino documentos oficiales , en muchos casos expedidos, en su mayoría, por él mismo? Seguramente el lector o lectora de este blog no será ajeno al concepto de compulsa.

Analicémoslo un poco: cuando se presenta una solicitud, normalmente nos piden varios documentos -repito, oficiales- para acreditar los datos que ofrecemos. Esto, en principio, es evidente, ya que evita que éstos se puedan falsear. Y, por otro lado, como éstos documentos son únicos, lo que comúnmente se suele hacer es presentar una copia de los mismos que, por medio de la compulsa o cotejo han sido ratificados, también de forma oficial. Aquí es donde viene el problema que quiero discutir: por lo visto, es necesario que la oficialidad se presente dos veces -y ambas de pago- para asegurarnos de la veracidad de los datos. ¿No sería suficiente con um proceso más sencillo y menos laborioso? Claro, pero entonces no seríamos nosotros los que hiciéramos el trabajo sucio.

Los documentos oficiales no son precisamente baratos. Si tenemos que presentarlos es evidente que hagamos uso de una copia y -dado que la copia puede ser falseada (aunque no es menos cierto que también puede serlo el documento oficial)- se necesita otra acreditación oficial, por la que también hay que pagar. Además, está claro que muchas veces éstos documentos pasan por administraciones diferentes y, por tanto, los datos se encuentran también en bases de datos distintas. En este caso, que sería hipotéticamente el peor de todos, bastaría una simple llamada telefónica o una mera comprobación on-line para verificar la veracidad de lo expuesto.

Dicho de otro modo, para que la administración se evite un par de comprobaciones (que, al fin y al cabo, también acaba efectuando cuando se compulsa), somos nosotros los que hemos de buscar el modo de acreditar todos los documentos, como suelo decir yo, comparando, contrastando, cotejando y compulsando (previo pago, por supuesto) donde podamos. Aquí está la dificultad: además del pago, muchas veces hay que buscar un organismo oficial (que normalmente querrá eximirse de la responsabilidad) o acudir a la fuente del documento original (con todo el trajín que ello conlleva). Muchos ayuntamientos, centros e instituciones se lavan las manos al respecto, dejándonos indefensos y muchas veces nos quedamos con la puerta en las narices sin saber dónde podemos obtener las compulsas.

Y al final, todo este vaivén, ¿para qué?. Como se ha dicho, los propios organismos pueden cotejar los datos perfectamente (mucho más si son ellos mismos quienes han proporcionado el documento original, en cuyo caso me parece, con todos los respetos, absolutamente estúpido que lo soliciten de nuevo). El súmum viene cuando se piden los documentos por duplicado, triplicado o incluso por cuadruplicado. Además, lo que en un principio está diseñado para evitar engaños se ha demostrado infructuoso, dada la cantidad de ocasiones en la que hemos visto que ciertas personas -además, con cargos importantes- han mentido impunemente acerca de ello. En resumen: pagos, idas y venidas, tiempo perdido y estrés para que después no sirva de nada.

Declaración de Hacienda

Según informan desde EuroResidentes, el día 2 de mayo comienza el período para presentar la Declaración de la Renta correspondiente al año 2007. Los plazos de presentación son diferentes según si sale a devolver o ingresar sin domiciliar el pago (30 de junio) o si sale a ingresar domiciliándolo (23 de junio). En la web oficial de la Agencia Tributaria existe mucha información al respecto, y se pueden pedir y obtener borradores, solicitar o consultar los datos fiscales, obtener manuales, e incluso acceder a un simulador.

Sin embargo, entre toda la información que se puede encontrar, falta la primera pregunta que me he hecho cuando he empezado a pensar sobre este tema; a saber: ¿Por qué tenemos que hacer la declaración de la renta? Puede parecer una banalidad y una pregunta tonta, pero a mí no me lo parece. Al fin y al cabo, hay muchos países donde este procedimiento no existe y no pasa absolutamente nada. Y, por otro lado, ¿por qué tenemos que ser nosotros, los ciudadanos, los que tengamos que perder tiempo, hacer cuentas y balances, colas interminables y meternos en enredados burocráticos, cuando el propio gobierno, que es el que nos obliga a ello, sabe mejor que nosotros acerca de todas esas cantidades y cálculos involucrados?

Porque seamos sinceros: toda la documentación que nos piden, todas las cantidades, presupuestos y acciones, obran ya en su poder. Ellos saben lo que ganamos, si hemos comprado, vendido o alquilado recientemente alguna propiedad, si hemos invertido en bolsa o algún tipo de bono, si el número de familiares ha aumentado o disminuido durante el año,... Lo queramos o no, hemos sido observados en todos los sucesos en los que el Estado ha querido entrometerse. Ellos tienen los datos, ellos lo saben todo; y aún así, se lavan las manos y dejan que el trabajo sucio lo hagan todos y cada uno de los ciudadanos de a pie.

¿Y cuál es, entonces, la razón real para la existencia de la declaración de la renta? Sólo se me ocurren dos posibilidades, y una ya se ha mencionado: la no tan extraña vagancia del Estado a la hora de hacer el trabajo que por derecho propio le debería tocar hacer a él. La otra razón es el instinto de no fiarnos del gobierno que nos han ido creando a base de ir recopilando ciertas experiencias: mejor hacemos nosotros los cálculos, a nuestra manera, por si sale a devolver y así que desde arriba no nos quiten (aún) más dinero. Más allá de estas razones la única explicación que encuentro es que es algo que se ha hecho desde siempre... porque es así. Sin cuestionar, sin preguntar, y porque la ley lo dictamina de este modo. Caso cerrado.

Otro detalle que no quiero dejar de mencionar es que, como en todos estos casos, los funcionarios de turno tienen mucho que decir, para bien o para mal. Son muchos los casos en los que ante una duda (porque no nos engañemos, el lenguaje administrativo en el que están escritos esos impresos no es precisamente sencillo), cada vez que se ha llamado al teléfono de atención al cliente, o se ha preguntado a algún funcionario acreditado, la respuesta ha sido completamente distinta. Muchas veces son los propios funcionarios (o abogados que bien cobran por ello) los que rellenan los formularios... pero si luego resulta haber un fallo, errata, omisión o cualquier tipo de mala interpretación, quien acaba teniendo la culpa vuelve a ser el usuario de a pie. En resumen: parece ser que ciertas esferas poseen unos privilegios tales que pueden hacer y deshacer en los registros de los demás eximiéndose de toda negligencia.

Así están, pues las cosas. Después de esta pequeña reflexión sigo sin saber por qué cada año toca hacer un máster en burocracia, en el que un ciudadano normal debe entender conceptos más bien típicos de una carrera de derecho. Sigo sin saber por qué el gobierno se lava las manos de forma tan clamorosa, tanto para convertir su trabajo en una obligación del pobre contribuyente, como para transformar un desliz o un error suyo en un problema del vecino. Por lo menos, después de todo este galimatías, siempre nos quedará la ilusión de que acabe saliendo a devolver... ¡Buena suerte!