sábado, 20 de septiembre de 2008

CGPJ: ¿Multas? Judiciales

Parece que últimamente están de moda las polémicas decisiones de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ahora que ya nos estábamos resignando a que los jueces no supieran hacer su trabajo, parece que sus superiores han decidido seguir tan respetable ejemplo. Así, según podemos leer por ejemplo aquí, aquí o aquí, algunos jueces deberán pagar multas irrisorias (o en algunos casos, ni eso) por decisiones estúpidas, actos ignominiosos o actuaciones controvertidas. Dicho en pocas palabras: un par de azotes de cara al público por parte del CGPJ y a seguir haciendo el trabajo tan mal como siempre.

Pero vayamos por partes: el juez Tirado ha sido multado con 1500 euros por no ejecutar la sentencia que condenó al pederasta asesino de Mari Luz. Evidentemente la familia está absolutamente indignada con esta "multa" y el padre ha declarado que esta decisión judicial le ha arrebatado lo único que tenía para agarrarse a la vida. No quiero imaginar cómo se siente este pobre hombre después de tener al asesino de su hija delante de la justicia y que ésta le deje escapar. Peor aún, con el sueldo de menos de dos meses para cualquier español de a pie y posiblemente de menos de una semana para éste personaje, el juez se lava las manos y a otra cosa, mariposa. No puedo más que decir que la justicia, en este caso, es cualquier cosa menos justa.

Por otro lado, una sanción de 350 euros ha sido levantada a la magistrada Alabau por negarse a autorizar bodas homosexuales. Aunque existen diversas versiones de esta noticia, por lo visto todo radica en el hecho de que esta jueza secuestionó la constitucionalidad de los matrimonios homosexuales y directamente se negó a celebrar estas bodas. Pues siento informarle, señoría, de que la constitución declara la igualdad de derechos sin importar el sexo; y si la ley le obliga a realizar este tipo de matrimonios, ése es su trabajo. Y si no quiere, o renuncia a la plaza inicia una recogida de firmas para una iniciativa legislativa popular. Creo que la señora Alabau aún no tiene claro en qué consiste su profesión: ella no trabaja para decirle a la ley qué hacer; al contrario, la ley le dice a ella cómo debe trabajar.

La mayor sanción, con 5000 euros, ha sido impuesta al titular del juzgado de lo Social número 3 por abuso de autoridad y hasta dictar resoluciones mientras orinaba. Según cuentan algunos testigos, el hedor corporal que despidía este individúo era tan grande que alguna funcionaria se vio obligada a salir del despacho para vomitar. Dicho en plata, un guarro en toda regla que, por lo visto, tampoco tenía ningún tipo de educación ni respeto. Cinco años mínimo de carrera tirados directamente por el retrete.

Y digo yo, si se demuestra que estas personas no están en condiciones para ejercer su puesto, ¿por qué no se les suspende, sencillamente? Con estas actuaciones del CGPJ parece que estén dando la razón a todos aquellos que piensan que existen unos intereses creados y un corporativismo en el que unos se ayudan a otros, para no dejar un puesto privilegiado en el que, parece, tienen ciertas ventaja. Porque si se demuestra que estos individuos no saben hacer su trabajo, en una empresa normal procedería suspensión de salario, empleo o incluso el despido. Pero claro, ellos, como jueces, parecen estar por encima de la ley.

En definitiva, lo que tenemos aquí son leyes que culpabilizan mucho más delitos menores que actos realmente inhumanos como violaciones y asesinatos y jueces que no cumplen. Al final vemos que estas animaladas quedan totalmente impunes y se airean con la prepotencia típica de aquel al que le gusta proclamar a los cuatro vientos, "hago lo que nos da la gana y los demás a callar". Con estos precedentes, ¿cómo podemos estar seguros de que la justicia no nos va a ofrecer más casos como estos? Por lo visto, sigue siendo cierto aquel dicho que rezaba "todos somos iguales ante la ley, pero unos más iguales que otros"

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